El fiscal general Sessions busca revertir fallos de jueces que han frenado unos 200,000 casos de deportación

El plan aumenta el cerco que el gobierno de Donald Trump ha tendido sobre indocumentados desde que llegó a la Casa Blanca para cumplir una promesa de campaña de deportar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles.

Los planes del gobierno de Donald Trump de expulsar al mayor número de inmigrantes indocumentados en el menor tiempo posible, se enfrenta a la decisión de los tribunales que colocan casos de deportación en espera. Pero el fiscal general Jeff Session ha encontrado la manera de revertir los fallos utilizando su poder para desautorizar a los jueces.

En los últimos cinco años unos 200,000 casos de deportación han sido cancelados por las cortes de inmigración, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia.

“El cierre administrativo es una herramienta que tenemos los jueces para decidir respecto cuáles casos están listos o cuáles otros tienen otros caminos o pasos antes de estar listos para una decisión final de la corte”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la herramienta, que en algunos casos frena indefinidamente una deportación, se encuentra ahora en la mira del fiscal general. “Básicamente (los jueces) legalizaron a la persona que acudía a los tribunales porque se encontraban ilegalmente en el país”, dijo el fiscal general durante un discurso en diciembre del año pasado.

“Es una estrategia equivocada”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Él cree que si reabre aquellos casos en donde un juez dictaminó la cancelación de la deportación, van a ser procesados más rápidos. Así no funciona el sistema”.

El blanco de Sessions

El fiscal general Sessions está utilizando su autoridad sobre el sistema judicial migratorio para revisar decisiones judiciales.

“Es un asunto bastante extraordinario”, dice Bárbara Hines, abogada y exprofesora de la facultad de leyes de la Universidad de Texas en Austin. “Los fiscales anteriores tomaban, por ejemplo, un caso cada cinco o seis años. Pero ahora en un corto período de tiempo, Sessions ha revisado entre tres y cuatro casos, algo que antes no habíamos visto”.

Los abogados temen que las revisiones y las decisiones que está tomando el fiscal general ponen en riesgo los derechos del debido proceso migratorio y la integridad de los tribunales de inmigración.

“Demuestra que, por ejemplo, la corte de apelaciones de inmigración no tiene ninguna independencia y eso es algo bastante extraordinario”, advierte Hines.

Entre los expedientes revisados por Sessions se encuentra un caso de asilo. “El fiscal general cuestiona que la violencia doméstica haya sido aceptada como motivo para otorgar un asilo”, explica Hines.

Otro caso es sobre el poder de los jueces de posponer la deportación “mientras un inmigrante busca otro recurso fuera del tribunal, tal como una visa U, se casó con un ciudadano estadounidense o su hijo estadounidense va a cumplir 21 años y puede pedir su residencia”, agrega Hines.

“Las revisiones de estos casos envían una señal peligrosa”, subraya.